Fiscalía revisa procedimiento del procurador en destitución de Petro

La Fiscalía General de la Nación realizó una inspección a la Procuraduría para verificar el procedimiento por el que este organismo administrativo destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, pidió a su vicefiscal, Jorge Perdomo, «trabajar intensamente en el caso, ordenar nuevas pruebas y verificar la decisión del procurador general».

Se trata de «una inspección a la Procuraduría para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos y mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la defensa del alcalde», explicó Montealegre.

Esta actuación se produjo en medio de una gran polémica por la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos durante 15 años a Petro por una supuesta mala gestión en una crisis de basuras desatada en diciembre de 2012.

Montealegre señaló que el modelo que maneja la Procuraduría, en manos de Ordóñez, es «inquisitivo, medieval y carente de garantías para quienes son investigados en materia disciplinaria».

Fiscalización de funcionarios públicos

Asimismo, indicó que «no puede ser que un mismo funcionario sea quien ponga una sanción y él mismo sea la segunda instancia», en alusión a las competencias del procurador, encargado del control y fiscalización a los funcionarios públicos.

El fiscal explicó que esta inspección está enmarcada dentro de las investigaciones que adelanta el despacho del vicefiscal general por las supuestas irregularidades en la implementación del nuevo esquema de aseo en Bogotá por parte de la administración de Petro.

La inspección a la Procuraduría siguió a la petición que hizo el martes el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Tood Howland, de reunirse con el procurador para tratar el caso Petro.

«Podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero yo creo que lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él», puntualizó Howland.

El destituido alcalde Petro ha pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras las manifestaciones en contra de la decisión de Ordóñez crecen en Bogotá.

Ubicada en Judicial · diciembre 11, 2013 · Comments (0)