Bogotá

En caso Petro, Procuraduría obró de manera cuestionable: magistrado Guillermo Vargas

El magistrado Guillermo Vargas favorece en su ponencia al alcalde Gustavo Petro, en el caso de destitución e inhabilidad por 15 años proferidas por la Procuraduría.

La sala plena del Consejo de Estado se reunirá este miércoles a las 2 de la tarde para debatir a fondo la ponencia radicada por el magistrado Guillermo Vargas, frente al caso de las tutelas que buscan revocar la sanción de 15 años proferida contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por irregularidades en la esquema de basura.
Los 25 magistrados debatirán a profundidad los argumentos presentados en un escrito de 177 páginas por el magistrado ponente, el cual fue presentado y discutido en sala el pasado martes.
LA F.m. presenta apartes de la ponencia que va favoreciendo al mandatario distrital:
En el documento, el magistrado señala que es menester proteger los “derechos fundamentales” cuando estos se vean vulnerados, por lo que explica que en el caso concreto “se observa que la solicitud de amparo expone con suficiencia y claridad los argumentos por los cuales considera afectados sus derechos al debido proceso, al ejercicio de los cargos públicos a la honra y buen nombre”.
La clara amenaza que para el ejercicio del derecho a ejercer el cargo para el cual fue elegido el Señor PETRO URREGO representa la sanción de destitución impuesta, que lo obliga a abandonar la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo mismo que para su derecho a ser elegido conlleva la inhabilidad de quince años establecida, acreditan sobradamente el lleno de este requisito (…) al respecto debe manifestarse que para esta Corporación lo antes expresado acredita la certeza, inminencia, gravedad y urgencia del perjuicio invocado por el actor”, señala la ponencia.
Y es que el magistrado Vargas va más allá dado a que asegura que al estudiarse detallamente el proceso de destitución se evidenció que “la Procuraduría obró de manera cuestionable al establecer la calidad de determinador del Alcalde; más aún, considera que al hacerlo, incurrió en protuberante error que salta a la vista
Es decir que a juicio del jurista “el ente disciplinario fundó su criterio en medios de prueba no aptos, omitió apreciar las evidencias que señalan la falta de responsabilidad del disciplinado y se encuentra ausente cualquier medio probatorio verdaderamente demostrativo del elemento subjetivo con el que se cometió la falta. Para este juez constitucional la valoración realizada es evidentemente equivocada y de ella se desprende la vulneración al derecho fundamental al debido proceso”.
Es claro entonces para la sala que la prueba de que el Alcalde haya decidido que el Distrito se encargaría de la prestación del servicio público de aseo sin exclusividad, no es idónea para demostrar la calidad de determinador en la celebración de unos contratos que la Procuraduría juzga como irregulares, ya que ese solo hecho no tiene la virtualidad de desvelar la actuación del servidor público tendiente a que se suscribiera el negocio jurídico y menos aún que al hacerlo se transgrediera el ordenamiento jurídico”, indica Vargas Ayala.
Este juez de tutela encuentra que la Procuraduría desconoció el derecho al debido proceso del actor como quiera que en la decisión mediante la cual lo sancionó realizó una valoración probatoria absolutamente equivocada, fundada en pruebas que no eran aptas para ello, lo cual configura un error en el juicio valorativo ostensible, flagrante y determinante de la decisión; motivos suficientes para considerar que el amparo solicitado con base en este cargo debe ser concedido”, precisa el texto.
Y es que para el magistrado es reprochable el hecho de que la Procuraduría no hubiera tenido en cuenta “lo dicho por los testigos” puesto que de ellos “se desprendían importantes elementos de juicio para determinar la existencia o inexistencia de la falta”.
Igualmente agrega el togado que la Procuraduría no tenía pruebas suficientes para “demostrar el querer del investigado de violentar, a través de la celebración de dos contratos interadministrativos, el ordenamiento jurídico”; por lo que cuestiona el hecho de que el ministerio público solo se dedicó a “prever las posibles dificultades que se generarían con la prestación del servicio público por parte del Distrito y no a poner sobre aviso a la autoridad distrital acerca de la comisión de posibles irregularidades de llegar a celebrarse los contratos estatales mencionados”.
Vargas critica además el hecho que se hubiera sancionado al mandatario distrital por haber adoptado una política pública que no fuera compartida por el Órgano de Control.
La decisión del Alcalde no puede despreciarse ni tildarse de ilegal por el solo hecho de no compartirse los argumentos jurídicos que la sustentan, más aun si se tiene en cuenta que el auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional conmina al Distrito, y más concretamente a la UAESP, para que sin mayores dilaciones realice las acciones afirmativas necesarias para garantizar los derechos de los recicladores cuando se trate de la contratación del servicio público de aseo; esto es, que adopte medidas reales de discriminación positiva que garanticen los derechos fundamentales de esa población vulnerable”, agrega.
En cuanto a la competencia del Procurador General para imponer sanciones disciplinarias, el magistrado indica que ese tema ya ha sido tratado, discutido y fallado en la Corte Constitucional.

Ubicada en Bogotá · febrero 19, 2014 · Comments (0)

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